Con un teléfono de 3 metros de altura, Greenpeace se instaló frente a las oficinas del titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Francisco Mayorga, para asegurarse que no ignore el mensaje del Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación -Olivier De Shutter- quien recomendó a las autoridades mexicanas reinstalar la moratoria a la siembra de maíz transgénico en nuestro país.
Foto: Iván Castaneira / Greenpeace
El representante de la ONU convocó a Mayorga a escuchar el informe de su visita a México en el que evaluó, entre otros temas, las implicaciones de sembrar organismos genéticamente modificados en el campo mexicano, pero Mayorga no consideró trascendente acudir a la presentación de dicho informe.
Por ello activistas de Greenpeace y ciudadanos mexicanos llegaron a la sede de la Sagarpa con sus propios teléfonos celulares para exigir, al unísono, que escuche y actúe conforme a lo recomendado por la ONU, es decir, que prohíba la siembra de maíz transgénico. Los manifestantes acompañaron la protesta con batucada y sonido que repitió reiteradas veces el mensaje del Relator.
Así mismo, desde Aguascalientes, Jalisco, Sinaloa, Chihuahua, Xalapa, Puebla, Nuevo León, Monterrey, Hidalgo, Colima, Yucatán, Querétaro, Estado de México y Michoacán, los ciudadanos llamaron por teléfono a Mayorga para recordarle sus obligaciones con los mexicanos y no con las empresas promotoras de transgénicos que ponen en riesgo la red alimentaria.
Dentro de las observaciones de De Shutter resalta que el cultivo de maíz transgénico en México constituye un grave riesgo para la biodiversidad de las variedades nativas de maíz, dados los efectos desconocidos del maíz modificado genéticamente en el maíz nativo.
Ante este hecho el relator recomendó al gobierno federal que se realice un análisis independiente del efecto ecológico, agronómico, social y económico de los cultivos genéticamente modificados con los que se está experimentando sobre el terreno, mejore el acceso a la información al respecto y estudie la posibilidad de volver a declarar la moratoria de los experimentos sobre el terreno y del cultivo con fines comerciales de maíz transgénico.
La recomendación de De Schutter se fundamenta en la obligación jurídica que tiene el gobierno mexicano de respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a una alimentación adecuada según lo dispuesto en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como por mandato de la reciente reforma constitucional que mandata la protección de dicho derecho.
Los cultivos transgénicos son el máximo exponente de un modelo de agricultura que ha demostrado no ser sostenible a largo plazo, el modelo industrial, que está agotando los recursos naturales y que es uno de los principales causantes del cambio climático por sus grandes emisiones de gases de efecto invernadero (17 al 32 por ciento a nivel global), no ha logrado combatir el hambre en el mundo. Por otro lado el derecho de propiedad intelectual de las semillas transgénicas plantea una gran dependencia de los campesinos hacia las empresas que detentan la patente de las semillas así como el riesgo de endeudamiento de los pequeños agricultores, señaló Aleira Lara, coordinadora de la campaña de Agricultura sustentable y transgénicos de Greenpeace.
Al final de la demostración, Aleira Lara, representante de Greenpeace México, fue recibida por Francisco Mayorga. Con esta reunión logramos transmitir el mensaje del relator de manera directa, ahora sólo falta que Sagarpa actúe para proteger el maíz.
