Estas descalificaciones incluyen mentiras, la más reciente se dio este día, en el que 16 organizaciones de Baja California Sur brindaron una conferencia en La Paz, en la que estuvo presente el delegado de la Semarnat en la entidad, Marco Antonio González Viscarra. El señor González estuvo en la conferencia, posteriormente se salió y abordó a los medios de prensa cuando iban saliendo. Nadie le impidió el acceso ni le negó la palabra, se le recibió como a cualquier otro asistente.
A pesar de esto, el responsable de comunicación de la Semarnat, Sergio Ramírez, quien se encontraba en la Ciudad de México, asegura que las organizaciones le negaron la entrada al delegado de Semarnat y, más grave aún, que se trata de una “espiral de intolerancia y radicalismo que ahora parece privilegiar la opacidad”. No sólo estuvo presente el delegado de la Semarnat en la conferencia, sino que también asistieron dos funcionarios de la Secretaría de Gobernación en el estado y la asesora de la Comisión de Ecología del Congreso del estado, Concepción Sánchez Gutiérrez, a quienes tampoco se les negó ni el paso ni la palabra.
La información y las actividades de las organizaciones son públicas, transparentes e incluyentes.
Además de hacer dicha afirmación, fácilmente desmentible por las decenas de personas presentes en la conferencia de prensa y que vieron al delegado de la Semarnat en la misma, la dependencia también asegura que Greenpeace y Cemda están desinformadas y desinforman a la sociedad. Para la Semarnat sólo hay un punto de vista, el suyo. Lo demás es desinformación, intolerancia, radicalismo e ilegalidad.
La Semarnat lleva prácticamente mes y medio volcada en descalificar a las organizaciones. Incapaz de lidiar con las críticas a sus desafortunadas decisiones en materia ambiental, se escuda en su “apego a la ley” y en sus respuestas “en tiempo real” a todos los cuestionamientos que se le hacen tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista ambiental.
Cecilia Navarro, directora de comunicación de Greenpeace México dijo que es muy preocupante que los funcionarios, pagados con nuestros impuestos y responsables ante la ciudadanía, no toleren el escrutinio público ni la crítica a su mal trabajo. Ante este golpeteo Greenpeace no guardará silencio y tampoco dejará de exigir que las dependencias hagan bien su trabajo. Si un funcionario no tolera las críticas a su desempeño, vale la pena que se pregunte si debe o puede ocupar ese tipo de puesto.
Desde el pasado 3 de marzo, cuando Greenpeace cuestionó la mala decisión de la Semarnat de aprobar el proyecto Cabo Cortés de la corporación española Hansa Urbana, que contempla levantar más de 27 mil cuartos en la zona colindante a Cabo Pulmo, esta dependencia ha dicho sobre Greenpeace lo siguiente:
- Greenpeace desprecia las normas ambientales mexicanas.
- Greenpeace ataca al gobierno por aplicar la ley, con lo que demuestra su intolerancia y radicalismo y que no soporta que alguien tenga una opinión distinta.
- Greenpeace desprecia el estado de derecho y la legalidad.
- Greenpeace utiliza argumentos simplistas de protección ambiental cuando hay discusiones que son legales más que ambientales.
- Greenpeace (y ahora Cemda) están en una espiral de intolerancia y radicalismo.
Irónicamente, la “tolerante Semarnat” pide a Greenpeace “... regresen al camino de la apertura y tolerancia con el que éste gobierno los ha tratado siempre”, de acuerdo a su más reciente comunicado.
Cabe señalar, que durante la primera quincena de marzo, la campaña en contra de Greenpeace no se limitó a descalificaciones, sino que incluyó llamadas telefónicas de personal del área de comunicación de Semarnat a las oficinas de la organización, para amenazar con presentar denuncias penales contra sus miembros.
Al respecto, Greenpeace señala que:
- Las reacciones de la Semarnat y las calificaciones que vierte sobre la organización son graves, desmesuradas y fuera de proporción.
- En una sociedad democrática, los funcionarios son sujetos de escrutinio y crítica cuando no hacen bien su trabajo. Si no toleran la crítica, no deben ni pueden ser servidores públicos. Si no hacen su trabajo bien, tampoco.
Resulta preocupante que los técnicos, los que saben del tema de las aprobaciones dadas por Semarnat, estén totalmente fuera de la discusión, y que sea el responsable de comunicación el que “justifique” las malas decisiones, cuando, como se ha visto en debates públicos, carece del conocimiento técnico, minimiza el peso de los artículos legales que protegen los ecosistemas frágiles y ha dicho claramente que “... para darle certidumbre al sector turístico que quiere invertir nosotros tenemos que dar cierto tipo de permisos...”, como lo hizo en una entrevista radiofónica el 7 de marzo.
Ni la campaña de desinformación y difamación de la Semarnat, ni las mentiras, ni el hecho de que hayan dejado de lado su misión central de proteger el medio ambiente nos van a acallar. Continuaremos denunciando, exigiendo, actuando, proponiendo y buscando proteger el patrimonio natural de nuestro país.
