Descalificando a Greenpeace, pretende Semarnat tapar sus propios errores

A partir de que Greenpeace señaló las incongruencias de la Semarnat al aprobar el desarrollo del megaproyecto turístico de Cabo Cortés en una zona altamente frágil y que demanda su protección por la importancia ambiental que tiene, la dependencia federal se ha concentrado en descalificar a esta organización ambientalista a fin de minimizar o desviar la atención del asunto de fondo: aprobó un proyecto que debía rechazar. 

Restándole importancia al hecho de que autorizó a la empresa española Hansa Urbana construir un megadesarrollo en Los Cabos y volcándose a descalificar Greenpeace la Semarnat  intenta hacer una débil y legaloide defensa de la lamentable decisión que tomó, afirmó la organización ecologista.

Con la aprobación del proyecto Cabo Cortés que comprende la construcción de 27 mil cuartos, 2 campos de golf y una marina en una zona semidesértica en donde la escasa disponibilidad de agua potable es quizá la mayor amenaza para el desarrollo del municipio de Los Cabos, la Semarnat lo que hizo fue avalar y legalizar el daño ambiental que ese municipio podría sufrir.

La resolución de Semarnat establece que: “Es de acotar que los impactos generados por motivo de la construcción de la marina, así como la de los andadores elevados, no afectan la estructura y funcionalidad de la geoforma (dunas), producto de su remoción parcial o total”. Esta resolución es una irresponsable malinterpretación del criterio ecológico I10 del Programa de Ordenamiento Ecológico de Los Cabos -que se aplica tanto en la zona de Cabo Cortés como en la de Cabo Pulmo- y que claramente dice que “no deberá permitirse ningún tipo de construcción sobre las dunas costeras a lo largo del litoral”. Esto es claro y no hay discusión, argumente lo que argumente Semarnat y descalifique a quien descalifique.

Señala Semarnat en su comunicado sobre Greenpeace que “Con su señalamiento la organización ambiental pretende hacer una discusión ambiental de una que es meramente legal y construir un argumento simplista de una reflexión que debe ser amplia”. Lo irónico es que es la dependencia responsable de proteger el medio ambiente la que termina utilizando maniqueísmos legales para desproteger el ambiente, precisamente.

“Si los argumentos legales desprotegen el medio ambiente con tal de favorecer un interés particular, sin duda que es la propia Semarnat la que debería hacerlos a un lado, promoviendo leyes efectivas de protección ambiental. En este caso, sin embargo, el problema ni siquiera es que haya una mala legislación ambiental que obligó a la dependencia a aprobar un proyecto depredador. En este caso frente a lo que estamos es a una dependencia sin la voluntad política suficiente para decir NO, con toda claridad, a un proyecto que desde ningún punto de vista será bueno, ni para el ambiente, ni para la gente”, afirmó Alejandro Olivera, coordinador de la campaña de océanos de Greenpeace México.
Más aún, la forma en la que interpreta la Semarnat los criterios ecológicos en su comunicado en contra de Greenpeace también debería hacérselos llegar a su Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial, que señala en la pág. 91 del resolutivo “Por todo lo anterior, esta Dirección General concluye que el proyecto no es congruente con lo dispuesto por los ordenamientos ecológicos vigentes para la región” .

Esta contradicción de posturas muestra a una dependencia dividida entre una dirección y otra, lo que evidencia que la Semarnat aplica con toda discrecionalidad las leyes que tanto se empeña en defender por encima de los criterios ambientales.

Cabe señalar que la misma Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente define al ordenamiento ecológico como “el instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos”. Aprobar una nueva ciudad de un plumazo contraviene la ley y el espíritu de una dependencia que debería velar por nuestros recursos naturales.

Más allá de las interpretaciones legales que hizo la Secretaría, es importante tener presente que en su Evaluación de Impacto Ambiental el proyecto Cabo Cortés afirma que tiene una concesión para extraer agua dulce por 4.5 millones de metros cúbicos al año del acuífero de Santiago, lo que equivale al 40 por ciento de la demanda total de este líquido que proporciona el acuífero a Los Cabos.

La misma empresa española Hansa afirma que “Cabo Cortes se constituirá como uno de los principales usuarios de los servicios hidrológicos de la cuenca” (p. 210 de la MIA). Y que “La escasa disponibilidad de agua potable es quizá la mayor amenaza para el desarrollo del Municipio de Los Cabos (p. 377 de la MIA)”. Así, a pesar de ello la Secretaría aprueba 27,111 mil cuartos en una zona semidesértica, casi igualando a la ciudad de Cancún con 28 mil y casi triplicando a Los Cabos que cuenta con 9,856 cuartos, y por supuesto sin considerar los efectos del cambio climático.

“No se trata de una cuestión de lo que dice la ley o no y de cómo se interpreta, pues en esta ocasión lo que señala es muy claro. Aquí ante lo que estamos es ante la falta de voluntad política para proteger nuestros recursos naturales malinterpretando las leyes a conveniencia de una empresa española”, finalizó Olivera.

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